lunes, 28 de noviembre de 2016

La paz en Colombia


El 2 de Octubre los colombianos rechazaban en referéndum el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. El no ganó por apenas 100.000 votos (50,21% frente al 49,7%). La participación fue del 37,44% (en las elecciones siempre ha estado salvo excepciones por debajo del 50%, con lo que  aquí la participación es solo ligeramente inferior a unas presidenciales).
Pese a la oposición de Uribe, nadie se esperaba este resultado. Pero además de Uribe había otros grupos que rechazaban estos acuerdos. 

El gobierno de Santos retomó en 2012 las negociaciones que ya había comenzado el gobierno de Uribe con las FARC. Cuba, Venezuela, Chile y Noruega actuaron de facilitadores. El acuerdo al que llegaron consistía de 6 puntos o temas principales.



(Santos (izquierda) estrecha la mano a Timochenko, líder de las FARC, bajo la mirada de Raúl Castro, presidente de Cuba y anfitrión en las negociaciones).

  • El primer punto del acuerdo se aprobó en Mayo de 2013, y se refería a la reforma agraria, en la cuál se acuerda repartir tierras (aquellas que hayan sido apropiadas ilegalmente) a campesinos que las necesiten, así como los instrumentos para su aprovechamiento (crédito, asistencia, comercialización...).
Además se asegura la inversión del Estado en las zonas más desfavorecidas y una política destinada a reducir la pobreza (apoyo en infraestructuras, agricultura, formación laboral, protección social...).


  • El segundo punto, aprobado en Noviembre de 2013, fue uno de los más polémicos, ya que se refería a la participación política de las FARC.

Para facilitar la inclusión de nuevos partidos políticos, el Estado favorecería su publicidad y protección, y crearía 16 circunscripciones de transición en las regiones más golpeadas por el conflicto, que seguirían reglas especiales para elegir a sus representantes.


  • El tercer punto, logrado en Agosto de 2016, hace referencia a la entrega de armas a la ONU tras el cese al fuego. Una vez desmovilizadas las FARC, podrán participar en política. Durante los 2 primeros mandatos se aseguran una representación mínima de 5 senadores y 5 miembros en la cámara de representantes.
Además se acompañaría a los ex combatientes en cuestiones económicas, de salud, educación, o reagrupación familiar.


  • El cuarto punto hace referencia al cultivo de narcoticos, y fue aprobado en Mayo de 2014. Se busca que los territorios en los que se realizaban estos cultivos pasen a cultivar otros productos de forma voluntaria, con apoyo de las instituciones. Cuando no cumplan esta sustitución, los cultivos ilícitos serán erradicados. Además, el crimen organizado con intereses en el narcotráfico será perseguido.

  • El quinto punto trata sobre víctimas y justicia, y fue aprobado en Diciembre de 2015. Se crea una Comisión para la Verdad, encargada de esclarecer qué ocurrió, por qué, promover el reconocimiento de las víctimas y el de responsabilidad directa o indirecta de quienes participaron en el conflicto. También promoverá el diálogo y la convivencia con audiencias públicas.

Además de esta Comisión, se crea una unidad de búsqueda para personas desaparecidas, estén vivas o no.

Del mismo modo, un tribunal denominado jurisdicción especial para la paz (JEP) investigará, juzgará y sancionará a quienes participando directa o indirectamente en el conflicto hubiesen cometido delitos, ya sean guerrilleros, agentes del Estado, financiadores o colaboradores.
Los miembros del tribunal son magistrados, escogidos cada uno por el Secretario General de la ONU, el Papa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del centro internacional de justicia transicional, y la comisión permanente del sistema universitario del Estado (rectores de Universidades).



Aunque se prevé que se otorguen amnistías e indultos para delitos cometidos en el conflicto, no podrán realizarse para crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, secuestro de civiles, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, o el reclutamiento de menores.
Es decir, que para los delitos cometidos en este párrafo, el JEP podrá condenar a las personas que los cometieron a sanciones propias, alternativas u ordinarias.

Las propias se imponen a quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad ante el tribunal. Si son condenados, su libertad de residencia y establecimiento será restringida por entre 5 y 8 años. Además deberán reparar a las víctimas.
Para aquellos que reconozcan la verdad antes de emitirse la sentencia, pero no lo hubiesen hecho durante el juicio, se les impondrán penas alternativas, consistentes en privación de libertad por entre 5 y 8 años.
Y para los que no reconozcan la verdad y se haya emitido sentencia, se les impondrá sanciones ordinarias de privación de libertad de entre 15 y 20 años.


En cuanto a la reparación a las víctimas se establecen actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, retorno de desplazados, restitución de tierras...entre otros.


  • Y finalmente, el último punto de implementación, verificación y refrendo del acuerdo se aprobó en Agosto de 2016, y creaba una comisión para seguir la implementación del acuerdo.


Muchos de los que votaron en contra alegaban que las penas a las que se enfrentarían los miembros de las FARC les parecían insuficientes, que no estaban de acuerdo con que se les permitiese participar en política, tampoco que la reforma agraria se pactase con ellos, o que su relación con el narcotráfico no fuese perseguida en mayor grado.
También había otros que criticaban la composición del JEP, o las referencias al género en el acuerdo.

A pesar de ello, la inmensa mayoría de los partidos políticos (excepto el de Uribe) estaban a favor del acuerdo, así como la comunidad internacional que mostró su apoyo a Santos, quien incluso recibió el premio nobel de la paz.

Tras el rechazo en el referéndum, el gobierno y las FARC volvieron a negociar y modificaron levemente el acuerdo, incluyendo algunas preocupaciones de los votantes del no y matizando cosas, tras reunirse con varios de los sectores que fomentaron el no, como los grupos evangélicos.
Sin embargo, el grueso del acuerdo se mantuvo intacto.



Así, se llegó a un nuevo acuerdo en Noviembre de 2016, el cuál marca un límite temporal  (10 años y recibir sólo en los 2 primeros solicitudes de investigación) al tribunal especial (jurisdicción especial para la paz), retira la posibilidad de incluir magistrados extranjeros, especifica que serán 38 colombianos y que podrán ser asesorados por 10 juristas extranjeros, y se permite la posibilidad de recurrir sus sentencias a la Corte Constitucional, pero para que esta lo admita deben votar a favor 2 miembros de la Corte y 2 de la JEP.

Respecto a la restricción de libertad de circulación y establecimiento, se dictamina que la JEP indicará los límites que no puede traspasar el condenado y se aclaran puntos respecto a la vigilancia de esta limitación.
Además, los combatientes que se presenten a la JEP deben entregar información sobre el narcotráfico.
Por su parte, los agentes del Estado que hubiesen cometido crímenes por enriquecimiento personal se someterían a la justicia regular. Y los agentes del Estado que por sus acciones u omisiones hubiesen contribuido a acciones delictivas serán sometidos a la JEP. También se incorpora la responsabilidad de los mandos por acciones de los subordinados.
Mientras, el narcotráfico no será amnistiable si ha servido para enriquecimiento personal, y no para contribuir a la rebelión.

Asimismo, se ha acordado que las FARC declaren sus bienes y activos y estos sean utilizados para reparar a las víctimas. También se reduce en un 30% la financiación acordada para el partido de las FARC.

Y se retira cualquier mención que pudiese inducir referencias a la ideología de género, se garantiza que las personas perseguidas por cuestiones religiosas sean restablecidas en la misma forma que las demás, y además, los grupos religiosos jugarán un papel importante en la prevención y atención de consumidores de drogas.


Este nuevo acuerdo ya firmado, va a ser refrendado por el Congreso, y no se va a realizar referéndum. Uribe sigue rechazándolo, y solicita que haya plebiscito.




Hasta aquí lo acontecido. Ahora el análisis.


Lo primero que hay que entender de Colombia es que desde su independencia siempre ha sido un país muy dividido entre facciones políticas, con numerosas guerras civiles por el poder. Las actuales guerrillas comunistas (FARC y el ELN) surgen en los años 60 para hacer frente a un sistema en el que los 2 grandes partidos (liberales y conservadores) habían acordado repartirse el poder tras años matándose entre ellos. 
A estas guerrillas se les unirían otras como el M-19 o el EPL, ya desmovilizadas tras negociaciones de paz en los años 90 por las que se cambió el sistema político colombiano permitiendo la participación de más partidos políticos.
Las FARC y el ELN estuvieron también en varios procesos de negociación, pero hasta ahora ninguno tuvo éxito. Un ejemplo claro fue la formación de Unión Patriótica, partido político creado por desmovilizados de las FARC, del cuál muchos de sus integrantes fueron asesinados por paramilitares y narcotraficantes. Los paramilitares se desmovilizaron en su día, pero solo para cambiar de forma y seguir actuando.




Esta vez parece que es la definitiva para desmovilizar a las FARC, y ya se está negociando también con el ELN, con quien desde 2014 se vienen celebrando encuentros previos con el auspicio de Brasil, Venezuela, Ecuador, Cuba, Noruega y Chile, siendo en Quito donde se desarrollarán el grueso de las negociaciones.
Los puntos a negociar son muy similares que los que se negociaron con las FARC (cese al fuego, entrega de armas, reconocimiento de víctimas, justicia, lucha contra la pobreza, participación política...).





Seguramente fue un error convocar el 1º referéndum. No había necesidad de ello, bastaba con que lo refrendase el Congreso. Pero ya que se convoca, no parece muy sensato que una vez rechazado se modifique ligeramente para aprobarlo esta vez sin plebiscito.

Yo creo que el acuerdo es bueno. Entiendo que los votantes del no estén enfadados. Pero es que Colombia ha estado en guerra por mucho tiempo. Y las guerrillas no han sido las únicas que han matado. Por tanto que se negocie y se llegue a un acuerdo para que un movimiento armado entregue las armas, reconozca los crímenes, se ponga a disposición de la justicia, y se desmovilice para pasar sus miembros a actividades civiles y políticas, me parece positivo.

Lo que no tenía sentido es seguir con la guerra, con las bombas y asesinatos, tanto de unos como de otros, cuando existe la posibilidad y la voluntad de dejar las armas y de participar como uno más en política.
Hay muchos sindicalistas y defensores de derechos humanos como abogados asesinados en Colombia. Y no precisamente por la guerrilla. La escena política allí es cuanto menos insegura. No hay más que ver lo que le pasó a Unión Patriótica. Por eso me parece lógico que se garantice protección al partido que creen las FARC, así como publicidad y financiación, y que incluso se creen circunscripciones especiales y se les garantice representación. Puede no ser muy justo respecto a otros partidos. Pero creo que es una garantía para que los guerrilleros se acostumbren a la vida civil y política y para que se recupere la normalidad en Colombia. Y lo mismo con el ELN.



Respecto a la justicia, ciertamente parecen escasas las penas que van a cumplir si dicen la verdad. Pero hay que entender que la guerra ha sido muy larga, con muchas víctimas, y que podría seguir muchos años. Además se incluyen medidas de reparación a las víctimas, de reconocimiento y de no repetición.
Yo entiendo que haya quien le parezca insuficiente. Pero como digo, la guerrilla no es la única que ha matado. Si fuésemos justos, muchos de los agentes del Estado tendrían que estar presos, incluso muchos de los dirigentes. Lo que se pretende con este acuerdo es conocer la verdad, quién financió la guerra, los asesinatos, quién los cometió, reparar a las víctimas, y que los culpables reconozcan su responsabilidad. Sí, podrían pasar más años en la cárcel. Parece que se van de rositas. Pero tal vez deberíamos reflexionar un momento sobre qué es la cárcel. Para qué sirve. ¿Para castigar? ¿Para reeducar? ¿Para re-insertar? Yo entiendo que si alguien ha cometido un crimen debe ser castigado. Pero si esa persona se reconoce culpable y se compromete a reparar a la víctima, tal vez ese castigo pueda ser sustituido por uno menor. En el fondo lo que se pretende con la cárcel es que nadie que salga de ella vuelva a entrar. Es decir, que tras cometer un delito y pagar por ello, no vuelva a cometer el delito que le vuelva a llevar a prisión. Y para ello la posibilidad de participar en política reconociendo a las víctimas me parece un buen método para no volver a delinquir, a asesinar.
Comprendo que las víctimas no estén de acuerdo. Que quieran castigo. Como dije antes, también podrían decir lo mismo los sindicalistas y abogados perseguidos. Y en el fondo lo que todos quieren es la paz. El acuerdo de Viernes Santo en Irlanda seguramente no fue el mejor de todos. Ahora hay gente en el parlamento que estuvo en el IRA.


(La reina Isabel II de Inglaterra estrecha la mano a McGuiness, primer ministro adjunto por el Sinn Feinn en Irlanda del Norte, antiguo miembro del IRA).

Y seguramente cometieron crímenes, y a las víctimas no les haga ni pizca de gracia. A mí tampoco me lo haría. Pero tampoco a las víctimas de los grupos protestantes. No hay una solución sencilla. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La cárcel? Entonces seguramente seguiría la guerra y los asesinatos. No es fácil, pero yo me inclino que ante una situación en la que unos han estado matando a otros y viceversa durante décadas, se ponga fin al conflicto incluso aunque ello signifique que los criminales no paguen como deberían. Al menos se evitarán nuevas víctimas. Lo deseable hubiera sido que el conflicto no hubiese estallado y no se hubiesen cometido crímenes. Pero una vez que eso ha sucedido, se debe tratar de parar el conflicto. Y a veces no queda más remedio que tragar y ceder con una solución que no nos gusta. Porque al fin y al cabo, aquí no hay un bueno y un malo. Hay muchos malos en los 2 bandos. No está negociando un Estado democrático que garantiza las libertades contra una mafia que quiere llegar al poder. Está negociando un Estado con muchas deficiencias (corrupción, asesinatos extrajudiciales, financiación del para-militarismo...) con una guerrilla creada porque no podía participar políticamente y que ha cometido muchos crímenes (extorsión, asesinatos, secuestros, narcotráfico...).
Por tanto, si se soluciona la raíz del conflicto (que todos puedan participar en política), incluso aunque eso suponga que no todos paguen por lo que han hecho, habremos ganado bastante, pues el objetivo final es acabar con un conflicto que ha desangrado a un país, y no acabar con una guerrilla, porque como digo las FARC son solamente uno de los muchos actores que han cometido crímenes en el país.


Dejo aquí una entrevista a Enrique Santiago (asesor de las FARC, abogado de la acusación particular contra el caso Bárcenas, y miembro de IU) sobre el acuerdo de paz y el referéndum:



Ahora Colombia, tras implementar el acuerdo y hacer lo propio con el ELN, deberá centrarse en combatir al narcotráfico y al paramilitarismo. Y por cierto, cuando Uribe llegó a un acuerdo con los paramilitares para dejar las armas, no fue demasiado diferente a este que ahora ha acordado Santos.
No sé si conseguirán acabar con estos problemas, ya sea por la fuerza o por la negociación. Ninguna de las vías será sencilla ni mejor que la otra. En todas se pierde algo, pero creo que lo que todo el mundo quiere es que se solucione el problema. ¿A cualquier precio? No. Pero tampoco es hora de poner el listón tan alto que sea imposible de alcanzar. Hay que facilitar un arreglo, sin que eso suponga ni mucho menos la rendición.
Yo no creo que el Estado se haya rendido ni mucho menos. Recordemos que una vez que las FARC se desmovilizaron y crearon Unión Patriótica, fueron exterminados. Por tanto, protección política y deje de armas, incluso aunque suponga una condena simbólica, me parece un acuerdo aceptable.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Yo tendría mas cuidado con la expresión "conflicto". Cuando el cese de un "conflicto", caso español, depende de que así lo decida una de las partes se demuestra que no lo había, que lo que había era agresión de un grupo criminal con amplio respaldo social a toda la sociedad y al Estado mismo.

En Colombia el tradicional reparto de poder entre liberales y conservadores y la corrupción extrema de las instituciones del Estado pueden inducir a pensar que la rebelión armada contra el Estado de Derecho, nominal en buena medida en este caso, era una "guerra". Otro término con el que creo se debe ser extremadamente cuidadoso.

Porque no se ha tratado nunca de una guerra sino de intentar cambiar Colombia por la vía del crimen, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Que sean prácticas que desde las instituciones se hayan practicado no debe dar lugar a componendas y menos aun a compararlas con Camp David o los Acuerdos de Viernes Santo.

Eso es lo que los colombianos han votado: Que prevalezca el Estado de Derecho. No que se haga justicia aunque se hunda el mundo. Porque a ese argumento se puede contestar al revés: Hágase la Paz aunque se hundan el Derecho y la Justicia, es decir de un modo en el que jamás habrá Paz porque los violentos habrán aprendido que al final se puede negociar de "igual a igual". ¿Y quién contará la historia? Los únicos que pueden y deben hacerlo son los historiadores divulgando sus análisis y conclusiones. Si los políticos se meten a historiador con el apoyo de tertulianos y periodistas la manipulación y la mentira estarán servidas.

¿Votar porque prevalezca el Estado de Derecho es ser enemigo de la Paz? ¿Acaso no se puede decir que un voto en sentido opuesto es una claudicación y un fruto del miedo? Pues entiendo que lo es. Votar contra el acuerdo no significa respaldar un Estado de Derecho que no funciona por corrupto y conculcador de Derechos Humanos. Todo lo contrario. Significa una apuesta decidida por el Estado de Derecho sin cesiones a ningún chantaje. ¿O es que si los motivos para poner en jaque al Estado de Derecho no hubiesen sido políticos como ocurre con la Mafia en Italia o en México también se podría hablar de guerra o se debería pactar una solución negociada?

Por último estoy de acuerdo en que no se debió dar a votar al Pueblo y que lo que ahora se hace modificándolo es tomar el pelo a los colombianos porque significa: Yo te doy a votar lo que hago para que me lo respaldes y así justifico mi actuación. Si no me la respaldas la justificaré igualmente pero sin tu respaldo, es decir, no me arriesgaré de nuevo.

Anónimo dijo...


¡Ah! Y esto no tiene nada que ver con el papel que debe cumplir la pena de prisión. Eso es bien conocido por todos los expertos en Derecho. 1) Sancionar al autor del delito. 2) Disuadir a la sociedad de cometerlos. 3) Impedir que el delincuente cometa mas delitos y proteger así a la sociedad. 4) Conseguir que el recluso se reinserte en la sociedad como individuo respetuoso con la ley y con la sociedad en la que va a vivir además de potenciar todas sus cualidades y capacidades, ya sean morales, manuales, intelectuales o artísticas.

Que no se estén consiguiendo todos estos postulados ni otros que pueda haber, y especialmente el último, no debe llevarnos a aceptar cualquier componenda o rendición. Porque sí que ha habido rendición y los que hablan de cifras de muertos, torturados, desaparecidos... por las fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha contra una banda criminal y hablan de "empate" en una supuesta "guerra" podrían, y vuelvo a mi comentario anterior, dar esos mismos argumentos y datos si esa "guerra" la llevase a cabo la mafia y el Estado la combatiese con métodos contrarios a los Derechos Humanos.

Porque lo que se viene a decir por parte de algunos politólogos y pseudointelectuales es: Como el Estado es criminal y hay "empate" seamos blandos con los criminales, rindámonos a la "realidad", seamos prácticos, hagamos la "paz" y que el Estado de Derecho termine de funcionar acorde a los Derechos Humanos de una vez por todas. Mientras no lo haga saltémonos el Derecho y no se lo apliquemos a los delincuentes políticos.